Vinka Arriagada, académica UTEM: “Debemos preguntarnos qué hacer para que más estudiantes desarrollen su potencial”

¿Cómo incluir la tecnología en la enseñanza del Derecho? ¿cómo potenciar la formación profesional y la inclusión laboral de los futuros abogados y abogadas? Estas y otras preguntas se abordan en esta entrevista, donde la docente UTEM aborda el rol de la educación pública y la inclusión de nuevas metodologías de enseñanza.

La formación en derecho puede ser árida y basada en metodologías cuasi obsoletas. Sin embargo, la tecnología y la innovación docente pueden permitir a los y las estudiantes desarrollar una mirada crítica y descubrir las distintas posibilidades de aprendizaje que ofrece el ejercicio profesional de la disciplina.

Así, nace el Laboratorio Legislativo (LegisLab) una iniciativa de innovación docente creada por Vinka Arriagada Díaz, académica de Derecho de la UTEM, que en su primera versión reunió a 66 estudiantes y a 14 abogadas y abogados en una experiencia de aprendizaje colaborativo, investigación y mentorías.

En esta entrevista, la académica comparte las motivaciones que originaron la instancia, los aprendizajes de su primera implementación y su visión sobre el papel de la educación pública en la construcción de oportunidades para las nuevas generaciones de profesionales.

¿Qué aporta LegisLab y de qué manera metodologías como el Aula Abierta permiten que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas desde los primeros años de la carrera?

– Uno de los grandes desafíos de la enseñanza del Derecho es lograr que nuestros estudiantes comprendan que las leyes no nacen en el vacío. Detrás de cada norma hay una historia. LegisLab nace precisamente para hacer un cambio en esa forma. Pasar de estudiar lo que dice una ley a preguntarnos por qué existe, qué problema buscó resolver y qué ocurre cuando intentamos aplicarla en la realidad.

La metodología de Aula Abierta los llevó a asumir un desafío adicional: comunicar sus investigaciones a personas que no necesariamente tienen formación jurídica. Esto les exigió desarrollar habilidades de investigación, argumentación, trabajo en equipo, comunicación y pensamiento crítico.

Para mí, lo más valioso fue observar que poco a poco comenzaron a reconocerse como personas capaces de participar en la discusión jurídica, y no solamente como estudiantes que aprenden normas.

¿Qué oportunidades ofrecen la tecnología y los nuevos formatos de comunicación para transformar la enseñanza del Derecho y contribuir a que las personas comprendan mejor sus derechos?

– Creo que uno de los grandes aportes de la tecnología es que nos permite generar experiencias de aprendizaje y colaboración que antes habrían sido mucho más difíciles de organizar. En LegisLab, por ejemplo, todas las reuniones entre los equipos estudiantiles y sus mentoras y mentores se realizaron mediante videollamadas. Durante semanas investigaron, discutieron sus avances, recibieron orientación y construyeron sus presentaciones sin haberse conocido presencialmente. La mayoría se encontraron cara a cara por primera vez el día de las exposiciones públicas.

Realizamos tres jornadas de presentaciones públicas que fueron transmitidas por YouTube. Esto permitió que las investigaciones salieran de la sala de clases y pudieran llegar a otros grupos. Creo que su verdadero valor no está solamente en transmitir una actividad por internet, sino en cómo nos obliga a repensar la manera en que comunicamos el Derecho.

Quienes ejercemos esta profesión, debemos tener siempre presente que el acceso a la justicia también tiene una dimensión relacionada con la comprensión de nuestros derechos. Si el lenguaje jurídico resulta inaccesible, se genera una distancia entre las normas y quienes deberían poder ejercer los derechos que estas reconocen.

¿Cómo se democratiza el acceso a redes profesionales y evita que las oportunidades de desarrollo profesional de los estudiantes dependan de los contactos que puedan tener fuera de la universidad?

– Esta es una de las preguntas que más me moviliza y que explica por qué y cómo nace LegisLab.

Cuando comenzamos encontré realidades muy diversas: jóvenes que trabajan, que tienen responsabilidades de cuidado, que realizan largos desplazamientos para llegar a la universidad, primera generación de sus familias en acceder a la educación superior, entre otras. Si bien, estas circunstancias no determinan sus capacidades, sí influyen en el tiempo, las redes y las oportunidades a las que tienen acceso.

Por ello, con LegisLab no busco solamente conectar a estudiantes con profesionales del Derecho. Busco vincularlos con personas que creen en la educación pública como un espacio de transformación y movilidad social, y que quieren contribuir activamente a ese propósito. En el fondo, democratizar el acceso al mundo profesional también significa que las redes y oportunidades que algunos han construido puedan ponerse al alcance de quienes todavía no han tenido la posibilidad de acceder a ellas.

¿Qué impacto tiene esta relación entre estudiantes y mentores en su formación, y cómo contribuye a entregar herramientas, referentes y oportunidades que muchas veces no están disponibles durante los primeros años de universidad?

– Trabajamos con 14 abogadas y abogados que, generosamente, decidieron participar, compartiendo su tiempo, conocimientos y experiencias con estudiantes de segundo año, que recién comienzan su formación profesional.

Ese encuentro generó aprendizajes que difícilmente habríamos conseguido únicamente desde la sala de clases. Les permitió acercarse a los desafíos reales del ejercicio jurídico, formular preguntas y descubrir que las trayectorias profesionales no siempre son lineales. En la evaluación final del proyecto, el 83% de quienes respondieron calificó como excelente el acompañamiento recibido y el 71% señaló que LegisLab cambió su manera de comprender el ejercicio de la profesión.

Hay un testimonio que refleja especialmente bien este resultado. Una estudiante comentó que tenía la imagen del abogado o abogada como alguien que litiga en tribunales, pero que su mentora le mostró otra forma de ejercer el Derecho. Eso es lo que puede hacer una mentoría: ampliar el horizonte de lo que una persona imagina posible para su futuro.

Por otro lado, también fue una experiencia enriquecedora para las y los profesionales, el contacto con las nuevas generaciones les permitió conocer otras realidades, escuchar sus inquietudes y acercarse a los desafíos que enfrentan hoy quienes comienzan su formación universitaria. Creo que ese aprendizaje mutuo es uno de los aspectos más valiosos de LegisLab.

¿Qué rol deben asumir las universidades públicas para reducir las brechas de acceso al mundo profesional y generar condiciones más equitativas para sus estudiantes? ¿Cuáles son los próximos desafíos del LegisLab para seguir innovando en la formación jurídica?

– Creo profundamente en el papel de la educación pública como una herramienta de movilidad social, pero para cumplir ese propósito no basta con abrir las puertas de la universidad. También debemos preguntarnos qué experiencias ofrecemos una vez que nuestros estudiantes ingresan, cómo les acompañamos y qué herramientas les entregamos para desenvolverse en el mundo profesional.

Nuestro próximo desafío es avanzar hacia una comunidad de aprendizaje y colaboración que pueda acompañar a los estudiantes a lo largo de su formación, generando nuevas mentorías, espacios de encuentro y desarrollo de habilidades profesionales. También mejoraremos la metodología a partir de las observaciones de los propios estudiantes, especialmente en la organización del trabajo y la compatibilidad de las actividades con sus distintas responsabilidades.

Para mí, innovar en educación no solo consiste necesariamente en incorporar más tecnología o cambiar la manera de evaluar. También significa preguntarnos qué barreras podemos ayudar a derribar y qué espacios podemos construir para que más estudiantes desarrollen todo su potencial. Ese es el desafío que me gustaría que siguiera impulsando LegisLab.

* Entrevista de Andrés Castro González

*Créditos Foto de portada: Ana Carolina Alba